Ing. Carlos Rodríguez,
El Ing. Carlos Rodríguez inició su término como presidente del Capítulo de Puerto Rico la Asociación de Contratistas Generales de América (AGC-PR) presentando el plan de trabajo para el 2023, el cual está enfocando en dos temas: asegurar que la industria de la construcción local tenga todo lo que necesita para llevar a cabo las obras relacionadas a la reconstrucción de las instalaciones de infraestructura pública y transformación energética; y, celebrar el 60º. aniversario de la Asociación en Puerto Rico y su exitosa trayectoria como la voz principal de la construcción en la isla.
Los asuntos prioritarios referentes a la industria de la construcción que AGC-PR estará atendiendo en el 2023, incluyen:
- Aumentar el banco de personal adiestrado para trabajar en la construcción
- Encaminar programas de capacitación para trabajadores de la industria de la construcción
- Inflación de precios, y disponibilidad de materiales y equipos de construcción, así como alternativas para mejorar logística de cómo llegan los materiales a Puerto Rico
- Certificación de Educación Continua para Contratistas de la industria de la construcción
“Como Asociación tenemos que asegurarnos que los fondos federales asignados a Puerto Rico para reconstrucción y modernización de su infraestructura, incluyendo la red energética, sean invertidos para el bienestar de los residentes de Puerto Rico, y como voz de la industria defenderemos que los contratistas generales y subcontratistas de la construcción locales tengan amplia participación en dichos esfuerzos”, dijo Rodríguez. Asimismo, indicó que “continuamos enfocados en implementar nuestro programa de trabajo con esfuerzos consistentes y constantes”.
Para expandir el banco de trabajadores en número significativos y en poco tiempo, AGC-PR está promoviendo con otras asociaciones de la construcción una propuesta para establecer mediante orden ejecutiva del Presidente Biden un “Parole for Significant Public Benefit”. El programa propuesto permitiría que las personas extranjeras que viven en Puerto Rico sin un estatus migratorio definido participen en las obras de construcción financiadas con los fondos federales de desastre. Además, AGC-PR está invirtiendo recursos y tiempo desarrollando programas de adiestramiento de trabajadores de la construcción con entidades de diferentes sectores incluyendo escuelas, universidades y sin fines de lucro; y fomentando la entrada de mujeres y jóvenes a la industria.
“El asunto del acceso a trabajadores capacitados es una prioridad que estamos atendiendo con esfuerzos variados, porque no hay una solución mágica. El “Parole” es una herramienta legalmente viable con capacidad de añadir unos 20,000 trabajadores en poco tiempo, mientras que con el adiestramiento de recursos humanos nuevos y la inclusión de mujeres y jóvenes estamos fortaleciendo la sostenibilidad de la industria”, explicó Rodríguez.
En cuanto al aumento en los precios, AGC-PR está proponiendo que el gobierno federal revise los estimados de costo de los proyectos que se realizaron antes de que se dispararan los precios en el 2020, para que las obras puedan completarse según están planteadas. Por otro lado, la Certificación de Educación Continua para Contratistas de la industria de la construcción será un mecanismo que se gestionará a través del Gobierno de Puerto Rico para asegurar que las compañías y personas que hacen trabajo de construcción cumplen con los adiestramientos y cursos de educación continua requeridos. La implementación de esta iniciativa a gran escala impactará positivamente la calidad de los servicios de construcción en la isla.
Sobre la transformación de la red eléctrica, Rodríguez indicó que AGC-PR continuará abogando por transparencia en el proceso, específicamente para que LUMA presente el plan de trabajo y los proyectos que estará presentando. “Es absurdo que a estas alturas en el proceso que no haya participación amplia de la industria local y que los profesionales de la industria (desarrolladores, diseñadores, contratistas) tengamos información sobre los alcances de trabajo específicos de la reconstrucción del sistema, algo que es necesario para asegurarnos que los fondos federales asignados a Puerto Rico para beneficios de los residentes de la isla se utilicen para construir lo que el país necesita y finalmente tener acceso a servicios de energía confiables a precios competitivos”.